Desde AGD-Psicología queremos
expresar, una vez más, nuestra preocupación acerca de la vergonzosa resolución
que se ha dado en el caso del ya ex-profesor Mario Casalla, así como compartir
con el conjunto de la comunidad académica nuestras consideraciones al respecto.
Recordemos que a fines del año
pasado han circulado -a partir del juicio llevado a cabo en la provincia de
Salta por la causa del asesinato del gobernador Miguel Ragone- distintos
testimonios que involucran al ex-profesor Casalla en la confección de listas
“negras” de docentes que en algunos casos fueran expulsados de sus trabajos,
mientras que en otros directamente se volverían víctimas del accionar de la
banda terrorista Triple A. Todo esto
mientras él revistaba como funcionario en la Universidad Nacional
En particular, la acusación que pesa
sobre ésta persona se encuentra relacionada con el secuestro y desaparición del
docente Miguel Angel Arra, ocurrida el 24/06/75. Los mismos hechos que
involucran a Casalla y que constan en una carta que estuvo en poder del fiscal
de la causa y del delegado de DDHH de Nación en Salta indican
que Casalla habría enviado un escrito a las autoridades militares del Proceso
de Reorganización Nacional, esgrimiendo como causales de mérito una serie de
justificaciones mediante las cuales intentaba resistir a su solicitud de
despido, admitiendo entre otras cosas que él mismo procedió a depurar la
universidad de “contenidos marxistas” y que no había motivos para desconfiar de
su lealtad, dado que paradójicamente lo terminarían cesanteando por
considerarlo demasiado cercano a la “subversión”, Pese a éste escrito
efectivamente se lo despidió, pero nunca sería tampoco considerado como un
elemento verdaderamente peligroso para el régimen genocida. Es por estás y
otras pruebas que el delegado de la Secretaría de DDHH en Salta se vio obligado a
solicitar la imputación de Casalla.
El ex-profesor ha negado
sistemáticamente todas las acusaciones en su contra y ha asegurado que estas
denuncias públicas no serían más que parte de una campaña difamatoria contra su
persona, sin lograr aclarar cuales serían las motivaciones que esconderían la Subsecretaría de
DD.HH y nuestra Asociación Gremial a la hora de organizar una campaña en su
contra. Sería interesante que en algún momento el Sr. Casalla se refiriera a
las mismas, o tuviera a bien denunciar el cómo y el porqué se habría emprendido
una persecución meramente arbitraria hacia su persona.
Como si fuera poco con lo
anteriormente vertido, han salido a la luz otros antecedentes de sus relaciones
con la dictadura, tales como la colaboración del mismo profesor Casalla con el
Diario “Convicción”, dirigido por el siniestro almirante Massera.
Frente a estos acontecimientos, la AGD-UBA , el CEP y diversas
agrupaciones estudiantiles con el apoyo de organizaciones de DDHH, presentamos
inmediatamente un proyecto aprobado por unanimidad por el Consejo Directivo de
nuestra Facultad, solicitando la suspensión en sus cargos del profesor Casalla
por los gravísimos hechos a los que se lo vincula hasta tanto la justicia se
expida al respecto.
Desde la firmeza de esta
posición, y habiendo logrado que se aprobara una resolución que establecía esa
suspensión, el Consejo Superior de la
UBA -ahora con la venia entusiasta de la Decana de nuestra unidad
académica y de quienes apoyaron obedientemente sus argumentos- anuló luego dicha
suspensión invocando, fundamentalmente, que no se podía proceder a condenar de
antemano a quien no fue aún indagado por la Justicia (ni siquiera basándonos en dichos
propios que ahora Casalla niega) e incluso se llegó al punto de explicar que el
motivo de esta marcha atrás con la sanción tendría que ver con que en la UBA “en
nombre de los derechos humanos es que nosotros tenemos que respetar fuertemente
los procedimientos y darle la posibilidad de que tenga la alternativa de
defenderse”. Son palabras pronunciadas por el Consejero Superior y secretario
de Extensión de nuestra Facultad Jorge Biglieri. En esta misma línea de
sentido y amparándose en el “Derecho”, Biglieri agregó: “Entonces, en nombre de los derechos humanos, no podemos
olvidarnos que el eje central del Estado de derecho es respetar los
procedimientos. Todo lo contrario, los juicios que se están llevando adelante
contra los represores constan de todas las garantías que le otorga el debido
proceso a gente que sabemos que efectivamente ha cometido crímenes de lesa
humanidad. Sin embargo, el Estado argentino les garantiza la posibilidad del
derecho de defensa, a Videla y a todos los demás represores.”
Casi sorprendentemente, aún figuras
del progresismo como Hugo Trinchero votaron también a favor de devolverle los
cargos a Casalla durante esa misma sesión. Dicha resolución consta como EXP-UBA: 56.611/2011, llevada a cabo en fecha 10 de
abril del corriente año.
Casalla ha negado todo lo que se
le imputa y hasta ha dicho que hará las declaraciones pertinentes en el caso
llevado adelante por la justicia de Salta. Insiste en que se trata de una
persecución a su persona y hasta ha invocado que la UBA estaría violando sus
propios derechos como ciudadano y profesor.
Así fue como un acusado de tan
graves delitos logró finalmente acceder al beneficio de la “duda razonable” del
Consejo Superior. Es así como fue posible que este proceso fuera coronado por una
curiosa y casi elegante salida facilitada por los adalides del debido proceso
burocrático que ocupan el tercer piso de nuestra propia Facultad.
Acto seguido, el mismo Consejo Directivo
que lo había apartado preventivamente de sus cargos, pendiente al pronunciamiento
de la justicia, pasó a contemplar sin más la renuncia de Casalla a su cargo de
Profesor Adjunto de la Cátedra IIla
Psicología , cuya titular es “casualmente” nada menos que la Vicedecana Lucía
Rossi. Dicha renuncia fue aceptada por el Consejo Superior, como consta en el
expediente 17094/2012 de esta resolución, con fecha miércoles 9 de mayo del
corriente año.
La materia que el propio Casalla
tenía recientemente a su cargo, Problemas Filosóficos, directamente no se ha
ofertado este cuatrimestre, evitando así el tener que dirimir nuevamente la
idoneidad del ex profesor al frente de ese cargo. Es decir que literalmente ya no
reviste en el ejercicio de cargos docentes en la UBA , pero ello bajo una forma tal que nos convoca
a ciertas preguntas elementales:
¿Por qué si es inocente renuncia
Casalla a su cargo de Prof. Adjunto?
¿Acaso le pidieron la renuncia
para eximirlo de las futuras complicaciones derivadas del develamiento de
relaciones políticamente incorrectas con otros funcionarios de nuestra Alta
Casa de Estudios?
¿O fue él mismo quién advirtió
eso y procedió a anticiparse?
Si “lo renunciaron” o renunció no es lo principal, sino el problema
político que se esconde detrás del modo en el que se resolvió la salida de este
personaje. Una vez más, el proceder de las instancias de gestión de nuestra
Facultad y de la UBA
se cubre con un manto de sospechas sobre el manejo de un tema profundamente
sensible a nuestra sociedad, como son los delitos de Lesa Humanidad perpetrados
por la dictadura genocida que arrasó a nuestro país entre los años 76-83, y a
aquellos delitos previamente enmascarados tras la fachada de organizaciones
paramilitares y para-policiales cuya “inteligencia” se nutría de los dedos
señaladores de muchísimos y necesarios colaboradores civiles con los que no
podemos ni queremos aceptar a conciencia el compartir nuestros espacios de
trabajo.
De hecho, estamos atravesando un
contexto en el que la complicidad civil con la Dictadura y con sus
antecesores y facilitadores está siendo juzgada por la conciencia colectiva de
quienes siempre hemos luchado por Memoria, Verdad y Justicia, y ya no por los
oportunistas de siempre, para que las consecuencias de este genocidio en la Argentina sea pagada por
todos sus responsables y no sólo por los criminales de uniforme. Recientemente la UBA ha rechazado la admisión
de tres represores condenados para estudiar en el Programa de UBA XXII, tras el
veredicto que el Superior dio, con la conformación de una Comisión Asesora,
integrada por Profesores de la
Facultad de Psicología.
Frente a este panorama que se ha
abierto, advertimos sobre lo sospechoso de este caso aparente y sorpresivamente
“cerrado”, y sobre el temor y la preocupación enorme que nos causaría que,
justamente, sin ir a fondo en las investigaciones correspondientes, se premie
en un corto plazo o quizás luego de su jubilación al Sr. Casalla con un cargo
de Profesor Emérito o Consulto, consagrando así la impunidad en materia de DDHH
ni más ni menos que por la propia Universidad de Buenos Aires que éstos
personajes desmemoriados con tanto afán “depuraron”.
Desde la AGD-Psicología , en
consonancia con el resto de la
AGD-UBA y las organizaciones estudiantiles y de DDHH
consecuentes con la lucha por Memoria, Verdad y Justicia, seguiremos exigiendo
una investigación profunda y objetiva frente a un hecho tan plagado de
inconsistencias, que nos convoca a quienes continuamos en la lucha por una
Universidad reconocida por su excelencia ética además de académica, y por la
defensa de los intereses de los trabajadores que desde hace tanto tiempo la
sostienen con su esfuerzo.
